Parlamentaria asegura, sin embargo, que valora la manifestación pacífica y señala que el deber de restablecer el orden público le corresponde al gobierno. Asimismo, dice que no le teme a la “campaña del terror” de los sectores de la derecha, que han sostenido que no están dadas las condiciones para el plebiscito del próximo 26 de abril.

Es jueves. Han pasado solo algunas horas desde que el Congreso despachó a ley una reforma que busca garantizar la paridad en una eventual convención constituyente y la senadora Isabel Allende (PS) se sienta en el jardín de la que fuera la casa de su padre, en Guardia Vieja. Está emocionada. “Ha sido tan difícil”, dice la parlamentaria, que en 2014 se convirtió en la primera presidenta del Senado. En esta entrevista, la legisladora por Valparaíso aborda, además, la discusión en torno a la violencia que ha dividido a su sector. Asimismo, responde a quienes sostienen que no están dadas las condiciones para la realización del plebiscito constitucional. “Tengo profunda confianza en que la democracia, con todos sus límites, va a permitir que se desarrolle un proceso con normalidad”.

¿Cómo ve el debate que se ha dado en la oposición respecto de cómo hacer frente a la violencia? Hay dos cartas que reflejaron las profundas diferencias.

Toda reflexión e idea, bienvenidas. Lo que pasó después del 18 de octubre, aunque algunos quisieran mirarlo todo en negativo, es que se ha repolitizado la sociedad. La gente está hablando de una nueva Constitución, quiere participar. Este es un remezón de la sociedad maravilloso, un despertar colectivo, así es que todas las cartas que vengan, bien. Y, al menos en el PS, no hay dos visiones. En el último comité central nosotros aprobamos de forma unánime que la prioridad uno era el proceso constituyente. Y el gran vacío de la primera carta era que ni siquiera lo mencionaba y ese fue un profundo error. Esa es la forma que tenemos de canalizar inquietudes que hoy día están y que tienen que ver con qué modelo de sociedad queremos, cuál es la casa común que vamos a construir.

¿Pero cuál es su postura?

Como partido hemos condenado en todas las declaraciones categóricamente el vandalismo. Eso es algo que no vamos a aceptar ni a compartir ni apoyar, bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, también hemos dicho que es sumamente importante la expresión pacífica en las calles.

¿Y qué le parece el llamado a un acuerdo nacional por parte del Presidente y que también recogen estos más de 300 dirigentes de la ex Concertación que suscriben una de las cartas?

Es que el otro error fue que esa carta sale al día siguiente de que el Presidente Piñera hiciera, precisamente, un llamado a acuerdo. El tema es que nosotros siempre hemos dicho con claridad que condenamos la violencia y nadie nos puede estar emplazando. Y en esa carta hay un tono que emplaza a tener que decir algo. Pero más allá de eso, no es necesario un acuerdo nacional para que se imponga el orden público, porque eso, perdónenme, es responsabilidad de un gobierno. Y este gobierno ha sido completamente ineficaz en la tarea de restablecer el orden público. Partió diciendo que estamos en guerra, que los alienígenas, que Venezuela, además de gravísimas violaciones a los DD.HH. Por otro lado, es obvio que si no hace reformas profundas sobre las cosas que más le están afectando a la ciudadanía: pensiones, salud, las deudas, la verdad es que el descontento va a seguir.

Una de las misivas fue firmada por el senador de su partido José Miguel Insulza. ¿A usted le complicó que él, como miembro de la mesa, defendiera acuerdos con el gobierno?

Con el cariño y respeto que le puedo tener a un compañero que es parte de la mesa, con el que además somos senadores y he compartido muchas cosas en la vida, incluyendo el exilio en México, le dijimos que nos había incomodado y que había sido inoportuno, porque nuestra prioridad era el proceso constituyente y una agenda social profunda. Pero, al mismo tiempo, somos un partido democrático. Él tiene perfecto derecho a ser una minoría dentro de la mesa. Y eso no significa ni que lo vamos a pasar a un Tribunal Supremo, ni que vamos a pedir sanciones. Nos incomodó y fue inoportuno que firmara esa carta. Pero llega hasta ahí. Él nos dijo que no se imaginó que esta carta iba a salir al día siguiente del llamado que hizo el Presidente y reconoció que, en ese sentido, no estuvo bien.

En contraposición a la postura del senador Insulza, hay otras voces en su sector, como las del alcalde Daniel Jadue (PC). Él dice que el pueblo tiene derecho a defenderse cuando el uso monopólico de la fuerza se ha vuelto ilegítimo, lo que fue interpretado como un llamado a la rebelión popular. ¿Qué le parece?

Si está puesto en esos términos, por supuesto que no lo comparto. En las democracias el uso monopólico de la fuerza lo tienen las FF.AA. y policiales. Es así. Y por eso uno tiene que ser extremadamente exigente con los protocolos que deben orientarlos. Y por eso se les exige protocolos de respeto a los DD.HH. y de un uso no excesivo ni desproporcionado de la fuerza.

¿Y si eso no se respeta, como ha ocurrido?

Se debe castigar a quienes son responsables, sancionarlos, llevarlos a la justicia y no permitir la impunidad. Tenemos que poner en el primer lugar, más en un país como el de nosotros, con nuestra historia, el tema de los DD.HH. Pero eso no significa abrir la puerta a la rebelión popular, porque ni yo ni mi partido creemos que ese sea el camino.

¿Qué le parece que haya sectores que planteen que no están las condiciones para realizar el plebiscito?

Me duele la campaña del terror de la derecha. Para empezar, me dolió la vuelta de carnero que se dieron. Encuentro insólito que Allamand y compañía, que estuvieron por la firma del acuerdo histórico que permitió el proceso, al otro día se dieran vuelta. Firmamos un “Acuerdo por la paz y nueva Constitución” y salen después a hacer campaña por el “rechazo”. Esa es una contradicción inentendible. Pero tenemos experiencia y no les tememos a las campañas del terror de la derecha. En el plebiscito del 88, les fue muy mal usando esa metodología y parece que no han aprendido. Dicen que el “apruebo” significa que echamos abajo la casa, que nos quedamos sin país, que vamos a ser Venezuela. Pero la gente está demasiado informada como para permitir ese tipo de insultos a su inteligencia.

¿Pero no cree que si se elevan los niveles de violencia puedan verse afectadas las garantías del proceso?

No, este proceso va y lo tenemos que cuidar entre todos. Y repito, sí a las manifestaciones ciudadanas pacíficas, no al vandalismo y a la violencia completamente injustificada. ¿Cómo voy a creer que se pueda justificar que en cuatro cuadras de la calle Condell, en mi región, hayan quemado 17 comercios? No tiene ningún sentido. Eso lo único que hace es dañar a la gente.