Por Isabel Allende

Es cuestionable el doble discurso existente en materias internacionales en este gobierno. Por una parte existe una apertura inmediata y apoyo frente a iniciativas comerciales como el CTTP-11, pero hay un cerrojo para convenciones o declaraciones en materias de medio ambientales, como Escazu, e igualmente para temas migratorios, como Marrakech.

Una vez más el gobierno del Presidente Piñera da señales erradas en materia de política exterior al cuestionar -junto a otros gobiernos de derecha de la región- el sistema interamericano de derechos humanos a través de una declaración confusa, que le enrostra a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) la autonomía que tiene cada Estado frente a las decisiones de la misma.

Es cuestionable el doble discurso existente en materias internacionales en este gobierno. Por una parte existe una apertura inmediata y apoyo frente a iniciativas comerciales como el CTTP-11, pero hay un cerrojo para convenciones o declaraciones en materias de medio ambientales, como Escazu, e igualmente para temas migratorios, como Marrakech.

Desde su instalación en 1979 la CIDH y la Corte han sido un aporte principal en el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. Es destacable su labor en materias de verdad y justicia, al obligar a nuestro Estado a investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, declarando la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. O en el caso de la jueza Atala, que fue discriminada por los tribunales de justicia por su orientación sexual en relación al cuidado de sus hijos.

El gobierno muestra ambigüedad frente a los derechos humanos. No ha dudado de presionar a Venezuela por la situación de DDHH que existe en dicho país, emplazando, inclusive, a la ex presidenta Bachelet para que intervenga frente a la crisis política que existe.

Hoy plantea un cambio de postura con este llamado al organismo multilateral más importante de la región en la materia, a respetar la soberanía y normativa interna de los países, lo cual viene a relativizar la importancia de los derechos fundamentales en la sociedad. Esto puede ser consecuencia del fallo de Carin Notriman, que cuestionó la aplicación de la ley antiterrorista a comuneros mapuches, o de la solución amistosa que hubo entre el Estado de Chile y el Movihl para empujar el matrimonio igualitario.

Quiero solicitar al gobierno que exista coherencia en la Política Exterior de Chile ya que representa con ella al Estado, y su posición está creando una imagen poco seria de nuestro país frente al conjunto de naciones, especialmente en el desarrollo y potenciamiento de organismos multilaterales, que son la única vía válida para garantizar la paz y el respeto a los derechos humanos en la comunidad internacional.

 

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