Esta semana fue una semana de anuncios ambientales por parte del gobierno en torno a la realización de la COP25. Sin embargo, ha pasado desapercibido por la prensa el hecho que este lunes en la mañana se juega el futuro de las áreas protegidas en Chile, ya que las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Agricultura del Senado deberán pronunciarse sobre una indicación en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, también llamado CONAF pública, sesión a que invito a la ciudadanía ver en vivo por la página Web de TV Senado. 

En efecto, el texto aprobado por la Cámara de Diputados y sobre el que ahora deberá pronunciarse el Senado indica que el futuro Servicio de Biodiversidad “sólo podrá administrar y supervigilar aquellas Áreas Silvestres Protegidas que sean creadas con posterioridad a su entrada en vigencia”.

De permanecer este articulado, existirían dos entidades del Estado que administrarían las áreas protegidas del Estado: la nueva CONAF pública y el Servicio de Biodiversidad, lo que a todas luces es un absurdo desde el punto de vista de la administración del Estado y que generará grandísimos costos para el mismo. 

Las áreas protegidas son aquellos espacios geográficos que tienen la finalidad de asegurar, en el presente y a largo plazo, la preservación y conservación de la biodiversidad del país, así como la protección del patrimonio natural, cultural y del valor paisajístico asociado. 

Las áreas protegidas de Chile hoy se administran por CONAF, quien depende del ministerio de Agricultura. Sin embargo, la recomendación que la OCDE le ha dado a Chile es que las áreas protegidas no sean administradas por un ministerio que tenga foco en la producción agrícola y forestal, sino que las administre el ministerio de Medio Ambiente. 

Lo anterior, ya que el foco productivista del ministerio de Agricultura genera un grave conflicto de interés a la hora de administrar las áreas protegidas del país y una mirada que muchas veces choca con las recomendaciones de la ciencia y la ecología. Basta considerar que la ciencia nos indica que la principal causa de la pérdida de biodiversidad en el país es el cambio del uso de suelo con fines agrícolas.

Sin embargo, al contrario de lo que ha recomendado la comunidad internacional, la academia y el mundo ONG, ha existido una campaña que busca mantener el status quo en materia de protección ambiental, manteniendo la administración de las áreas protegidas en CONAF, con las carencias y falencias que ha implicado a lo largo de los años, donde existen áreas completas sin guardaparques, donde la falta de fiscalización de la ley de bosques es notoria y abundan los planes de manejo desactualizados. Los incendios forestales del año 2017 son evidencia patente de la insuficiencia Estatal para cuidar nuestro patrimonio natural. 

Evidencia de una mala gestión del Estado es también la existencia de conflictos socio-ambientales cerca o dentro de las áreas protegidas, como el impacto de la Línea de Transmisión Cardones-Polpaico en la Reserva de la Biósfera la Campana o la existencia de concesiones acuícolas para el cultivo del salmón en reservas forestales.  

No busco desmerecer la gran labor que CONAF y sus guardaparques han realizado todos estos años, muchas veces con mínimos recursos por parte del Estado. Sin embargo, es hora que Chile adecue y modernice su gestión ambiental, especialmente en materia de biodiversidad, al mismo nivel que los demás países OCDE. 

Mediante esta ley, Chile desarrollará una plataforma nacional de información de biodiversidad que esperamos pueda seguir la “bio-alfabetización” que países como México, Colombia y Costa Rica, han desarrollado desde hace muchos años. 

A su vez, el Proyecto de Ley de Biodiversidad contempla la creación de un Comité Científico-Técnico Asesor que guíe al Servicio de Biodiversidad sobre la base de la experiencia de destacadas instituciones y personas con una trayectoria dedicada a la investigación y a la conservación de la biodiversidad chilena. Esto está en sintonía con la reciente creación del ministerio de Ciencia y Tecnología, un paso fundamental para el desarrollo y la aplicación de la ciencia en nuestro país. 

Por esto, reitero mi llamado a la ciudadanía a que revise qué parlamentarios votarán por el positivo traspaso de las áreas protegidas de CONAF al Servicio de Biodiversidad y quiénes optarán por el status quo en materia ambiental, de cara a la COP25 en Chile.

Lo que se busca con este traspaso es, en definitiva, un desarrollo sustentable para nuestro país, es decir, un desarrollo integral y perdurable en el tiempo.

 

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